El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de las Naciones Unidas que tiene como objetivo revisar el estado de los derechos humanos en todos los países del mundo para asegurar que cada Estado cumpla con sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.
Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel crucial en el proceso del EPU ya que proveen información independiente sobre la situación de los derechos humanos en el país que va a ser revisado. Estos informes complementan la información presentada por el propio Estado y ayudan a ofrecer una visión más completa y objetiva lo que favorece a que las recomendaciones que se hagan sean más precisas y adecuadas a la realidad. Tras el examen, las mismas organizaciones desempeñan un rol importante en monitorear si el país está implementando las recomendaciones que ha aceptado.
Este año, en el marco del 48° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Coalición Ciudadana Contra la Tortura (CCCT), a cabeza del Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) y con el apoyo del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), presentó sus recomendaciones que giran en torno a ocho importantes ejes temáticos:
En un evento organizado por la Comunidad de Derechos Humanos y que se llevó a cabo este 1 de octubre, Emma Bolshia Bravo, Secretaria Técnica de la CCCT y Directora Ejecutiva del ITEI socializó una síntesis de las recomendaciones emitidas en torno a estos ejes temáticos. Este espacio contó con la participación de varias Organizaciones del a Sociedad Civil, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y representantes de la Embajada de Alemania y Unión Europea en Bolivia.
En noviembre de este año, se realizarán en la ciudad de Ginebra (Suiza) las llamadas «Pre-sesiones», las cuales ofrecen una plataforma internacional para que las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos informen a los representantes de los Estados recomendantes sobre la situación de los derechos humanos en el Estado que será examinado antes del EPU. Además, brindan la oportunidad a las misiones permanentes de obtener información directa sobre la situación de los derechos humanos en los países evaluados.
