Acerca de nosotros
La Coalición Ciudadana Contra la Tortura está conformada por varias instituciones locales con el objetivo común de erradicar cualquier práctica de tortura.
¿Quiénes somos?
Buscamos prevenir, eliminar y sancionar cualquier acción u omisión que tenga como objetivo degradar la condición humana, causar muerte, dolor o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. El Convenio para crear la Coalición se firmó el 20 de agosto de 2015, en conmemoración de la resistencia al golpe fascista del gobierno de Hugo Banzer el 21 de agosto de 1971. Las instituciones que forman parte de la Coalición trabajan en conjunto para visibilizar los casos de tortura y exigir al Estado el cumplimiento de las obligaciones emergentes de tratados internacionales contra la tortura firmados y ratificados por el Gobierno, con el fin de denunciar, prevenir, proteger y rehabilitar integralmente a las víctimas.
Puedes realizar tu denuncia mediante la web
¿Qué es la Coalición?
La tortura y la violencia estatal en Bolivia forman parte de la historia del país. Por ello, la tortura persiste como una práctica de las Fuerzas Armadas y la policía, con la complicidad de jueces y fiscales.
El artículo 15 de la Constitución Política del Estado establece que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar cualquier acción u omisión que degrade la condición humana, cause muerte, dolor o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Sin embargo, existe una conducta de invisibilización y negación de la tortura por parte de las autoridades gubernamentales y del órgano judicial.
Los casos de tortura han aumentado en los últimos años, con un total de 1.033 denuncias por tortura y malos tratos registradas desde mayo de 2013 hasta mayo de 2022, siendo las instituciones más denunciadas la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
Bolivia ha ratificado la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo contra la Tortura, pero no cuenta con un Mecanismo Nacional de Prevención que cumpla con las directivas del OPCAT. El gobierno ha creado el Servicio de Prevención de la Tortura (SEPRET) dependiente del Ministerio de Justicia, que no cumple con el principio de independencia de cualquier instancia gubernamental del MNP.
Además, al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1999, el Estado boliviano se comprometió a cumplir con las medidas de reparación para las personas afectadas, que incluyen el derecho a que se les restituya la situación en la que se encontraban antes de los hechos de tortura, indemnización financiera por el daño económico directo, rehabilitación que abarca atención médica, psicológica, social y jurídica, procesamiento penal de los autores y revelación pública de la verdad, además de garantías de no repetición. Al no cumplir con estos compromisos, el Estado tiene una gran deuda con la población afectada.
Ante todo lo expuesto, con el impulso del ITEI surge la Coalición contra la Tortura, compuesta por nueve organizaciones: Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Comunidad de Derechos Humanos, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, Capacitación y Derechos Ciudadanos, Caritas Bolivia, Pastoral Penitenciaria y Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP).
OBJETIVOS
Promover y coordinar acciones
Para el cumplimiento de las normas nacionales y los instrumentos internacionales de prevención, investigación y sanción de los actos de tortura.
Exigir cumplimiento de las obligaciones
Derivadas de los tratados internacionales contra la tortura ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, enfocándose en la prevención de la tortura, la protección y la rehabilitación de las víctimas.
